Sólo un 0,1% de los hogares con certificado energético tiene una calificación A. Esto es, más de un tercio de los edificios españoles quedará fuera de la bonificación fiscal por eficiencia energética en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que el Grupo Parlamentario Popular ha introducido en la Ley de Presupuestos Generales a través de una enmienda exprés en el Senado.
La rebaja diseñada por Hacienda incluye una bonificación potestativa en el impuesto de hasta el 20% para aquellos inmuebles que gocen de una calificación energética A, es decir, que tengan matrícula de honor en ahorro energético y emisiones. Este impuesto es competencia de los ayuntamientos, que en todo caso son quienes tienen la última palabra de trasladar esa rebaja al tributo a través de ordenanzas fiscales a partir del 1 de enero de 2016.
No obstante, sólo un 0,1% de los hogares que ya dispone de esta evaluación energética podrá beneficiarse de la rebaja máxima contemplada por Hacienda, según la estadística de certificación energética que elabora el Ministerio de Industria. Un informe de este departamento constata que sólo 1.974 inmuebles, sobre un total de 1,1 millones examinados, disponía de la máxima nota a cierre de 2014.
Algo similar ocurre con las bonificaciones del 16% y del 12% que plantea el impuesto vinculadas, respectivamente, a las calificaciones energéticas B y C. En el primero de los casos, sólo un 0,6% de los contribuyentes tiene derecho a la rebaja, mientras que en el segundo caso sería un 3,4%, según el registro de certificados existentes.
De la misma forma, sólo uno de cada 10 inmuebles conseguirá una rebaja del 8% en el IBI -al tener una D– y la mayor parte de las viviendas, un 46%, logrará la reducción del 4% ligada a la calificación E, equivalente a un aprobado raspado en eficiencia energética.
El 38% restante -con notas F o G-, y todos aquellos que no dispongan de certificado energético, quedarán fuera de la reducción fiscal.
¿Cómo acreditar el certificado energético?
La forma de acreditar la mencionada calificación y acceder a la rebaja pasa por presentar en su Ayuntamiento la correspondiente acreditación. No todos los hogares dispondrán de una de estas evaluaciones, ya que la actual legislación solo establece como obligatoria la realización de esta prueba para viviendas que se hayan puesto en venta o en alquiler.
La enmienda popular, adelantada por EL MUNDO, va dirigida a «fomentar la construcción o adquisición de bienes inmuebles energéticamente eficientes, así como la realización de instalaciones u obras para la obtención de la referida certificación». De esta forma, el Gobierno busca incentivar la realización de certificados y la implantación de medidas en los hogares para ganar en eficiencia.
Los expertos consultados vinculan el elevado número de suspensos en eficiencia energética a que la casi todos los edificios construidos durante el boom inmobiliario son anteriores al actual Código Técnico de Edificación. Por otro lado, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contempla actualmente la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 50% para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol.
Publicada 13/10/2015 Leer noticia completa en El Mundo